Plan de austeridad de AMLO pretende eliminar privilegios en el gobierno

Transición 2018

Se cree que algunos funcionarios que ahora laboran en el gobierno renunciarán ante el posible recorte de sueldos.

                                López Obrador da un informe desde su casa de transición.

                                

Guadalajara, Jal. 14 de septiembre 2018. Se ha desatado un intenso debate en torno al sueldo que pretende recibir el próximo presidente,  que es de 108 mil pesos al mes, ya que ningún funcionario podrá ganar más de esa cantidad. 

Pero bajar los sueldos es solo una parte del ajuste; la estrategia pretende eliminar privilegios que  gozan jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legisladores y altos funcionarios del gobierno federal. Los ajustes se harían en seguros médicos particulares y sin límites, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros y aviones privados.

Es normal que estos lujos sean criticados sobre todo en un país donde se considera que la mitad de la población está en situación de pobreza. Según un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el 2017, la burocracia mexicana es la segunda mejor pagada en América Latina, después de Colombia.

El escenario planteado por el próximo gobierno enlista 50 temas y acciones para regular  el desempeño de funcionarios y empleados de confianza, el objetivo central, en palabras de López Obrador, es terminar con "abusos, excesos y dispendio" en el uso del erario.

Algunos puntos del programa establecen suspender por completo fueros, se obliga  a todos los funcionarios a hacer pública su lista de bienes, se suspenden bonos  y prestaciones especiales, se prohíben viajes al extranjero sin permiso o justificación y a partir del 1 de diciembre se reducen los sueldos  a la mitad a quien gane más de un millón de pesos al año.

Pero, ¿es suficiente un programa de austeridad republicana? algunos analistas piensan que no, dicen que lo que se necesita también es controlar la forma en que se asignan los recursos en todo el gobierno, incluidos estados y municipios.